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Cruce de comunicaciones entre Alcaldía de Bogotá y Minjusticia no deja soluciones para hacinamiento en las URI

La alcaldesa Claudia López envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, donde le solicita un concepto jurídico y apoyo para la coordinación interinstitucional en la atención de la población privada de la libertad en riesgo de contagio por coronavirus (covid-19).

En este sentido, le planteó algunas inquietudes frente a la implementación del Decreto 546 del 2020, toda vez que están diagnosticadas como positivas por conoravirus 19 personas retenidas en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, 7 uniformados de la estación de policía de la misma localidad y otros 6 policías adscritos a la estación de policía de Fontibón.

Bajo esas condiciones, la alcaldesa afirmó que es urgente y necesaria la actuación conjunta para mitigar los riesgos de contagio que enfrentan las 15.971 personas retenidas en las URI y estaciones de policía de Bogotá, por cuanto el hacinamiento, que hoy se sitúa en el 292,5 %, y su mayor grado de vulnerabilidad por condiciones de salud preexistentes amenazan con una propagación del contagio en esta población.

Propuestas

– Según la carta, el Distrito, en reiteradas oportunidades, le ha ofrecido al Gobierno Nacional alternativas para la generación de cupos para esta población, como la construcción de un nuevo establecimiento de reclusión territorial en los predios de La Picota, según convenio 565 del 2018, recibiendo respuesta negativa.

– Así mismo, le ha propuesto a esta cartera, a la Policía Nacional y al INPEC dar cumplimiento a la implementación del centro especial de reclusión de que trata artículo 27 del Decreto 546 del 2020, sin obtener respuesta positiva.

– Igualmente, y con el objetivo de reducir las condiciones de hacinamiento y el mejoramiento de las condiciones de higiene, ofrecieron a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) financiar la ampliación de algunas salas de retenidos de estaciones de policía, la cual fue descartada en las mesas de trabajo llevadas a cabo el 22 y el 24 de abril para seleccionar las estaciones a intervenir.

– También propuso la destinación transitoria del Centro de Traslado por Protección (CTP) de propiedad de la ciudad para la reubicación de las personas privadas de la libertad en las salas de URI y estaciones, previa verificación de su estado de salud. Sin embargo, se allegó un concepto jurídico emitido por la Secretaría General de la Policía Nacional que informa que esa entidad no es competente para tomar la decisión de deshabilitar el CTP.

– Otra alternativa propuesta en relación con un predio de propiedad distrital era habilitarlo para el traslado de personas privadas de la libertad y darle viabilidad inmediata. Al respecto, y teniendo en cuenta la naturaleza sui generis del equipamiento, el cual sería construido con recursos del Distrito, se hace necesario contar con criterios claros de asignación de competencias. En tal sentido, se ha solicitado al INPEC y a la Mebog asumir la custodia del centro especial de reclusión, pero en ambos casos la respuesta ha sido negativa.

Requerimientos

La Alcaldía de Bogotá solicita instrucciones precisas al INPEC y a la Policía Nacional para que en el marco de sus competencias realicen los traslados y ejerzan la custodia de las personas privadas de la libertad diagnosticadas positivas hacia los sitios más aptos para tratamiento o a las instituciones de salud que se dispongan por parte del distrito para su recuperación.

De otra parte, requiere que la cartera precise y dé las instrucciones necesarias para definir si el traslado de las salas de retenidos de URI o estación de policía al nuevo equipamiento compete a la Policía Nacional o al INPEC y bajo cuáles protocolos de bioseguridad se llevará a cabo la relocalización y su custodia.

Por lo pronto, recordó que la provisión de elementos de bioseguridad, fumigación, mantenimiento de estaciones, kits de aseo y colchonetas ha sido asumida por el Distrito, pero el servicio de salud ordenado a la USPEC no se ha efectuado a la fecha.

Respuesta de la ministra de Justicia

Al escrito enviado por López, la ministra Cabello Blanco prefirió responder por medio de un video, recordándole que el tema de los sindicados corresponde a la alcaldía y que el traslado que determine sobre esas personas no requiere de su autorización. En general, la funcionaria declara que varias de las solicitudes hechas son ajenas a su competencia.


Fuente: ambitojuridico.com 

Foto: ambitojuridico.com

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