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Medellín hará una cárcel para sindicados sin apoyo metropolitano

Como municipio, Medellín decidió continuar solo el proyecto de la cárcel metropolitana para sindicados, que, aunque planeaba financiarse también con recursos de administraciones de otros municipios del valle de Aburrá, no se ha logrado hasta el momento.

A 22 meses de la sentencia Sentencia de Tutela Penal (STP) 14283 de 2019, que le da a la Alcaldìa de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Gobernaciòn de Antioquia un plazo de 3 años para construir esta cárcel no se ha puesto un solo ladrillo y, al contrario, el proyecto no ha podido pasar de su fase de factibilidad por los cambios y la falta de compromiso de los municipios con comprometer recursos.

Mientras tanto, la crisis carcelaria en la capital antioqueña continúa, motivo principal por el que se dio este fallo, teniendo en cuenta que los sindicados pasan largos periodos en estaciones de policía.

Cifras de la Personería de Medellín señalan que, con corte al 27 de agosto, aunque hay una capacidad total de 733 personas en 26 unidades de detenidos, actualmente hay 2.501, lo que significa un hacinamiento del 240 por ciento.

De la cifra, 1.796 están bajo la condición de indiciados y sólo 676 ya están condenados, mientras que 29 tienen detención domiciliaria, lo que muestra la necesidad de resolver el fallo que obliga a tener un centro carcelario para estos primeros. Según la RAE, un indiciado es una persona que tiene contra sí la sospecha de haber cometido un delito, pero que aún no ha cumplido con el proceso que lo cataloga como culpable o inocente.

La situación más crítica es la de las estaciones Candelaria, Minorista, Laureles, Belén y la subestación Los Gómez, aunque un ejemplo es la sede de la Sijin, que, aunque tiene capacidad para 20 detenidos, hasta dicha fecha había 305, lo que significa un hacinamiento del 1.425 %, señala esta dependencia del Ministerio Público.

Precisamente el mes pasado, la Personería de Medellín denunció que en la última reunión de la mesa de trabajo que preside el Observatorio el Sistema Penal Penitenciario y Carcelario de esa entidad, el delegado por la administración de Medellín declaró que el Municipio se encuentra a la espera de la respuesta de los demás entes territoriales e instituciones vinculados al proyecto, para definir el instrumento jurídico que permita la debida estructuración.

“Van casi dos años del fallo de la Corte Suprema y hasta ahora no hay claridades sobre la construcción de la cárcel, la situación es delicada por las condiciones en que permanecen los detenidos y la vulneración de sus derechos; hago un llamado a los entes territoriales y entidades vinculadas a la orden para que se articulen en el proyecto”, criticó William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín.

Alcaldía aclara la situación

Rodrigo Foronda, director general de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP), entidad encargada de este proyecto, explicó a EL TIEMPO que ante la imposibilidad de que se comprometieran recursos de otros municipios, la Administración Municipal decidió hacer adecuaciones al estudio de factibilidad que había hecho la Alcaldía anterior.

Dicho estudio contempló en un primer momento tener 1.314 personas privadas de la libertad, posteriormente la alcaldía actual buscó ampliarlo a 2.282, que era la idea a noviembre de 2020, pero ahora se hacen adecuaciones para volver a la cifra de 1.300 aproximadamente, teniendo en cuenta que solo serían los reos de Medellín.

“La Secretaría General del Municipio de Medellín, que es la que está liderando el proyecto, porque es la llamada a responder por la sentencia de la Corte Suprema y del Tribunal, tomó la determinación de que el municipio de Medellín siguiera adelante con el cumplimiento de lo que le correspondía de la sentencia. Si en el camino los otros municipios se interesaban en sumarse al proyecto, serían bienvenidos”, explicó Foronda.

El estudio de la Alcaldía de Federico Gutiérrez contempló edificar una granja agroindustrial, pero los sindicados deben estar en centros de reclusión especiales para para su condición, pues su vocación de estadía es de días, máximo meses. Una granja agroindustrial es una vocación de permanencia mucho más grande y es un modelo usado para condenados.

Mientras tanto, el reloj corre, teniendo en cuenta que la sentencia de 2019 dictaba que en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC- y el INPEC, se presentara en un plazo de 6 meses un programa para la construcción de una cárcel metropolitana con una capacidad igual o mayor a la de Pedregal.Lo que sigue

Luego de que el estudio de factibilidad vuelva a ser propicio o pensado solo para 1130 personas privadas de la libertad, trámite que se prevé tarde un mes, la Administración Municipal deberá tramitar ante el Concejo los recursos, comprometiendo vigencias futuras por entre 25 y 30 años, tiempo que determinará ese documento.

“Ya el secretario de Hacienda, doctor Óscar Hurtado, nos dijo que el marco fiscal de largo plazo nos permitía comprometer vigencias futuras para el proyecto de la cárcel, entonces los recursos ya están, digámoslo así, disponibles. Ya esa posibilidad de endeudamiento, dentro del marco fiscal de mediano plazo, está dada”, detalló el director de la Agencia APP.

Estará entonces en manos de los corporados de la ciudad aprobar ese endeudamiento, aunque la ciudad debe cumplir con esta orden de la Corte Suprema.

De aprobarse y teniendo el certificado de la disponibilidad presupuestal que es fruto del trámite de las vigencias futuras en el Concejo, el paso siguiente es lanzar un proceso de licitación pública y así escoger entre los oferentes la propuesta que más se ajuste a las especificaciones.

Las cifras actuales de la Agencia APP señalan que un preso le costará al municipio 31’168.000 pesos al año, la operación anual de la cárcel valdrá 16.535 millones de pesos, el Capex (capital expenditure), en español gasto en capital, es de 106.200 millones de pesos, el gasto administrativo por 3.400 millones de pesos anuales y el costo de la guardia es de 20.700 millones de pesos.

Hasta el momento previo a la licitación, aclaró Foronda, pueden ingresar los municipios con un número determinado de reos, aunque según él no se tendría que volver a hacer otro estudio de factibilidad, sino adaptarlo. Esto haciendo previamente el trámite ante sus concejos municipales para tramitar las vigencias futuras.Lo pendiente

El predio de 30 hectáreas, contiguo a la Cárcel El Pedregal, es de propiedad en un 40 por ciento de la Alcaldía, en 50 por ciento de la Policía Nacional y el 10 por ciento restante pertenece a un privado, al cual le deben comprar su parte.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que ya había un acercamiento a su propietario y que la Secretaría de Suministros de la Alcaldía de Medellín va muy adelante con la adquisición del predio, lo que congela el precio del mismo después del anuncio.

Por lo pronto, el AMVA seguirá ejerciendo su rol articulador entre los municipios que participan de este proyecto, como lo dice la sentencia.

Fuente: El Tiempo

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